Diversas redes y organizaciones defensoras de derechos humanos de la población migrante y refugiada hemos hecho llegar el día de hoy una carta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación como responsables tanto de la ejecución de la política exterior de México, como de las políticas migratorias y de derechos humanos del país, para expresar nuestra profunda indignación, preocupación y extrañamiento frente a la información que ha circulado en diversos medios de comunicación señalando un acuerdo en diálogo para convertir a México en filtro para solicitantes de asilo a los Estados Unidos y como centro de detención migratorio.

La información señala que los gobiernos de Estados Unidos y de México mantienen avanzadas negociaciones para que se establezca en territorio mexicano un mecanismo al servicio de los Estados Unidos para el procesamiento y selección de personas necesitadas de protección internacional.  En este marco, México tendría el papel de “tercer país seguro”, lo cual implica que se incrementarán las detenciones no solo de personas migrantes, sino sobre todo, de solicitantes de asilo que huyen de la violencia de sus países y que tengan la intención de solicitar refugio en EU. Estas medidas serían finalmente un “intercambio de favores”, y se aceptarían por el Gobierno mexicano a cambio de beneficios económicos en el marco de la negociación del TLCAN.

Como organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y de las personas migrantes y refugiadas, expresamos nuestro total rechazo a una iniciativa que no sólo es indigna, inhumana y carente de ética, sino contraria al Derecho Internacional de los Refugiados y de Derechos Humanos. Además, cabe destacar que México no es un país seguro para personas migrantes y refugiadas, a raíz del incremento de la violencia que en 2016 forzó a 27,879 personas mexicanas a solicitar asilo en EU.

Nuestra mayor preocupación radica en que la implementación de este tipo de mecanismos no necesariamente se traduce en una efectiva protección a personas solicitantes de asilo. En los últimos años, las políticas que México ha ejecutado a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) han resultado devastadoras en términos de protección a las personas migrantes y refugiadas, considerando que la privación de libertad de personas solicitantes en estaciones migratorias dependientes del INM sigue siendo una práctica común, sin representación legal, sin información y en condiciones insalubres.

Inclusive la Comisión Nacional de Derechos humanos en su recomendación 14/2018 recientemente emitida por quien además ha advertido sobre el posible colapso del sistema de protección a refugiados, pues de casi 15 mil solicitudes de refugio en el país durante 2017, el 60 por ciento siguen sin respuesta.

Especialmente preocupante resulta que la forma en la que se negocia y se juega con la vida de los seres humanos sea de una manera tan opaca y con falta de transparencia, y sobre todo que México ceda su soberanía en materia migratoria y fronteriza a los Estados Unidos a cambio de beneficios comerciales para las élites económicas, privilegiando los intereses geopolíticos y dejando de lado su responsabilidad de garantizar, proteger, respetar y defender los derechos humanos de las personas sujetas de protección internacional.

Llama la atención que todo esto se consume en el último periodo de la actual administración en México, por lo cual aquellos funcionarios irresponsables por estas decisiones hoy, no tendrán que asumir las consecuencias de decisiones que se encuentran fuera del marco legal de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los Refugiados.

Al tratarse de un tema importante y delicado del cual no se dispone de mayor información oficial, exigimos al Poder Ejecutivo que facilite a la ciudadanía, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación toda la información relativa al modo en el que se ha llevado a cabo esta negociación, y al estado en el que se encuentra la misma. Exigimos también que se suspenda el diálogo al respecto con los Estados Unidos hasta que toda la información sea pública, y hasta que el nuevo gobierno que surja del proceso electoral Federal que hay en marcha asuma sus funciones. Los derechos humanos no se pueden negociar como moneda de cambio en ningún tratado comercial.

Entre las organizaciones peticionarias está el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En el link están el resto de los firmantes.